El empleo en el Sector Público. El capital humano en el Estado.

CLARIN - 20.07.2003 - Suplemento Económico

El impulso que el Poder Ejecutivo quiere dar al rol del Estado implica analizar las políticas de Recursos Humanos del sector público.

Cuántos empleados tiene hoy el Estado? ¿Están capacitados? ¿Por qué vías se incorpora un empleado al sector público? La actual voluntad del Poder Ejecutivo de reflotar el rol del Estado, tendrá implicancias concretas en estas políticas de recursos humanos.

"Volver al Estado no significa generar un burocracia weberiana como si partiéramos de cero", afirma José María Ghio, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella y Director de la Fundación Pent, para la integración de la Argentina en el mundo.

"Antes de decidir cantidad de empleados y tipos de capacitación, hay que definir una estrategia de desarrollo, sobre la base de la cual se establecerán las capacidades necesarias, teniendo en cuenta los recursos. El sector público no se construye de un día para otro, ni con una sola administración. Hay que definir objetivos y capacitar en función de ellos", insiste Ghio.

La administración pública emplea aproximadamente —sin contar el sistema bancario oficial, las universidades nacionales, las fuerzas armadas ni los organismos de seguridad— a 105.000 personas, lo cual no parece exagerado para un país de las dimensiones de la Argentina.

Según un trabajo realizado por José Bonifacio, director del Sistema Nacional de Capacitación del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), en 1985 la administración central del Estado contaba con 276.050 empleados; los organismos decentralizados tenían 263.431; y las empresas del Estado, 304.930. El total daba 844.411. Hacia fines de los 80 la suma rondaba los 720.000

Las privatizaciones de empresas del Estado implicaron una reducción de unos 300.000 agentes de la planta, pero al mismo tiempo se generaron modalidades de contratación que, paradójicamente, incrementaron las cuentas públicas y crearon un doble régimen: los empleados de planta y los contratados, cuyo número es hoy significativo.

"Los sistemas de acceso están bloqueados desde hace años, con lo cual no se puede renovar la planta. Los contratos son absolutamente manejables. El mecanismo de designación de personal no está regulado, puede haber gente contratada hasta por 10 años", señala Bonifacio.

Para el funcionario del INAP —organismo encargado de diseñar y acreditar planes de capacitación a nivel nacional— existieron "políticas nefastas como los retiros voluntarios, que resultaron costosísimos, ya que el Estado terminó reabsorbiendo al personal vía consultorías contratadas por las unidades ejecutoras de préstamos, encargadas de administrar fondos otorgados por organismos como el Banco Mundial, el BID, o el PNUD, entre otros".

Bonifacio lamenta que, dentro de la esfera pública, no exista real conciencia del valor del capital humano; la llamada "memoria institucional" es menoscabada por "burocrática" cuando en realidad, constituye conocimiento: "Decir que se trata de capital anquilosado es un absurdo", señala.

Reconstrucción

¿Cómo se reconstruye hoy? "Es complicado. Con las actuales reglas de juego los mecanismos como la contratación son manejables políticamente y van en desmedro del criterio basado en el mérito", opina Bonifacio, quien sugiere la creación de un comisionado de alto nivel que goce de independencia para velar por la aplicación de reglas que existen, pero son violadas".

En la visión de Ghio, "nunca hubo voluntad de reformar realmente la administración. En la década pasada casi todo el motor era de naturaleza fiscal, y con esta premisa se puso el foco en el downsizing (reducción). La Argentina tuvo la particularidad de hacer la reforma estructural y la del Estado a la vez. En un contexto de hiperinflación y volatilización —como el de 1989 a 1991—, difícilmente se puede agregar calidad".

Ghio señala que, más allá de los superministerios absorbentes, no tiene dudas de que un país fragmentado como lo está hoy la Argentina, necesita una agencia estatal que coordine políticas públicas.

"Lamentablemente, durante varias décadas esto no le interesó ni al sector privado ni a los políticos que vieron al sector público como un territorio de expansion de su influencia, a través de cargos y clientelismo. El Estado tiene que intervenir en la formación de recursos humanos: hay que apostar a la educación, sino el país no tiene chances de recibir inversiones. El Estado motoriza la decisión pero el tema incumbe a la sociedad toda", concluye Ghio.

Por Carol Abousleiman
Director Ejecutivo, Fundación PENT