Vender ilusiones y comprarse problemas

LA NACIÓN, 30 julio de 2004

El presidente Néstor Kirchner actuó como un estadista cuando planificó su viaje a China a mediados de este año. Pero en su entorno no se sustrajeron a la tentación de actuar como simples políticos en busca de impacto a la hora de dar los primeros pasos de esta relación estratégica a largo plazo.

Nadie se hizo ni hará cargo en el Gobierno de la "novela" sobre fabulosas inversiones y asistencia financiera chinas que fue atribuida livianamente al periodismo. Ni tampoco de su reemplazo, la versión sobre aumentos de jubilaciones, sueldos privados y aguinaldos extras, que fue abortada con mucha más celeridad. Uno y otro episodio deberían servirle al Gobierno para recordar un axioma que no por conocido ha perdido vigencia: vender ilusiones equivale a comprarse problemas, en la medida en que todo anuncio espectacular que no esté apoyado en la realidad sólo sirve como boomerang para las expectativas.

Sin embargo, todo rumor tiene su parte creíble. En el caso de los aumentos, los excedentes fiscales alimentan la ilusión -y el tironeo- de gastos extras por única vez. El caso de China tiene matices más complicados.

Así como habrá que convenir que la prensa no pudo haber tenido simultáneamente tanta imaginación y coincidencia sin alguna filtración oficial, también hay que reconocer que el desmedido entusiasmo oficial sobre un acuerdo histórico con el gobierno chino no surgió de la nada.

Quienes frecuentan los despachos oficiales aseguran que existieron, en efecto, emisarios oficiosos que, en discretas visitas a Buenos Aires, habían alimentado inicialmente aquellas fantasías. El resto lo completó la exageración, la obsecuencia y el amateurismo de algunos funcionarios de la Casa Rosada que, sin contar necesariamente con la venia del presidente Kirchner, filtraron una euforia prematura e injustificada hacia una opinión pública todavía permeable a creer en soluciones mágicas.

Uno de los emisarios, representante de un banco off shore de origen portugués con conexiones en Venezuela, hizo llegar un multimillonario listado de potenciales inversiones chinas, en algunos sectores reales y otros ficticios (como el de los trenes bala, cuya tecnología no está disponible en China) que podrían llevarse adelante con la intermediación financiera de esa entidad. Desde tiempos inmemoriales los gobiernos con poco acceso al crédito externo suelen recibir propuestas de esta naturaleza de intermediarios dudosos; las concreciones, en cambio, se cuentan con los dedos de una mano.

Pero, además, habría existido otro emisario político chino que habría acercado al gobierno argentino la idea de un swap (operación de pase) mediante el cual el gobierno de Pekín podía aportar bonos del Tesoro de los EE.UU. a cambio de títulos locales en dólares. Según las mismas fuentes, el monto de esa operación podía ser equivalente al de la deuda de la Argentina con el FMI (US$ 15.600 millones), cifra que representa una insignificancia frente a la magnitud de los activos chinos.

Su justificación respondía, aparentemente, a una razón política: desde hace tiempo China viene reclamando sin éxito una mayor participación en las decisiones de los organismos financieros multilaterales. Por lo tanto, ésta iría a ser una de las formas de llamar la atención para impulsar la modificación de la estructura de poder de voto que rige en el Fondo desde los 70.

Difícilmente se sepa si esta audaz propuesta tenía o no aval del gobierno de Pekín, ya que su portador habría invocado sólo una representación del partido gobernante chino. Por lo pronto, nunca fue formalizada. Ni tampoco llegó a Buenos Aires una prometida invitación para que, antes de la visita del presidente Hu Jintao, funcionarios argentinos viajaran a Pekín para discutirla, lo cual le restó toda seriedad. No obstante la noticia se filtró parcial y prematuramente, a pesar de que trató de ser manejada como secreto de Estado. La imaginación periodística contribuyó a deformarla y amplificarla, al igual que la de algunos funcionarios y analistas que se habían enterado por los diarios. Si aquella hipotética operación prosperaba, no sólo hubiera causado un revuelo internacional difícil de medir, sino que también habría generado interferencias en el proceso de canje de deuda en default.

Este manejo irresponsable de la comunicación en cuestiones que no llegaron a madurar fue abortado por funcionarios chinos en Buenos Aires, al tiempo que el gobierno argentino intentaba despegarse tardíamente acusando al periodismo. Si éste tiene alguna responsabilidad es la de haber sido usado, ya sea por exitismo, ingenuidad o desconocimiento. Ciertamente, no es sencillo chequear una información cuando su fuente es un funcionario de alto nivel que dice brindar una primicia. Esto a menos que se ofrezcan periódicas conferencias de prensa abiertas, algo que no es un hábito en la mayoría de las áreas del Gobierno.

Sin embargo, todo el revuelo mediático terminó, paradójicamente, por bajarle el tono a una relación estratégica que, si se la despeja de espectacularidades, puede constituir una verdadera oportunidad para la Argentina en materia de comercio y cooperación. En poco más de una década China habrá de convertirse en la economía de mayor tamaño del mundo y eso no puede ser ignorado en el diseño de la política exterior argentina.

Un reciente trabajo realizado para la Fundación Pent por el economista Alieto Guadagni (actual director del Banco Mundial) revela, por ejemplo, que aunque sus exportaciones a China se incrementaron 363% en los últimos tres años, la Argentina todavía tiene oportunidad de colocar bienes y servicios en rubros casi inexplorados que representan el 98% del total de importaciones del gigantesco país asiático. Según ese informe, las ventas argentinas representan apenas 60 centavos por cada 100 dólares de importaciones chinas.

Anarquía judicial

Para capitalizar estas posibilidades habrá que reducir el conflicto entre la realidad y las expresiones de deseos, que también tiene otro frente abierto en la Justicia.

El voto del ministro Eugenio Zaffaroni en el controvertido fallo sobre la pesificación de depósitos bancarios sólo sirvió para oscurecer lo que se pretendía aclarar. Su idea de establecer límites y niveles sociales para asegurar el derecho de propiedad puede ser atractiva desde el punto de vista teórico, pero institucionalmente ha desembocado en una suerte de anarquía judicial. Que por si fuera poco, acaba de ser alimentada por la designada ministra Carmen Argibay, quien se declaró partidaria del tratamiento caso por caso de los reclamos y sólo cuando la nueva Corte esté completa, algo que su propia ausencia del país impedirá hasta dentro de cuatro meses.

Sus declaraciones cayeron como un balde de agua fría sobre los bancos, que esperaban nuevos fallos de la Corte para que se fuera formando jurisprudencia. También sobre los diputados del PJ, que ahora impulsan una solución política a un problema que, en teoría, iba a tener un punto final y ahora parece tener un nuevo punto de partida.

Por Néstor O. Scibona
Para LA NACION