LOS PROBLEMAS URGENTES O LOS IMPORTANTES

LA NACION - 18.07.2004 - OPINIÓN

Detrás del debate sobre qué hacer frente a la escalada de violencia de grupos políticos dedicados a provocar al Gobierno, en la Argentina se está desviando la atención de muchos problemas de fondo. Quizás el más importante sea el menos mencionado: cómo apuntalar un crecimiento económico sostenido cuando la actual reactivación vaya perdiendo velocidad y cómo lograr que contribuya a reducir el desempleo y la pobreza. Esta cuestión, que debajo de la superficie ocupa y preocupa a empresarios y economistas, aún no tomó forma en el Gobierno, enfrascado en otras urgencias. La principal, cómo romper el falso dilema entre no reprimir y no hacer nada, o, puesto en otros términos, cómo lograr un consenso político y social para trazar un límite entre las protestas legítimas y lo que el Estado no debe tolerar para asegurar una convivencia civilizada. Si no se encuentra una respuesta política y jurídica al "vale todo", tarde o temprano el clima de incertidumbre se hará sentir sobre la economía. Sobre todo cuando, casi imperceptiblemente, el eje del crecimiento está pasando a depender de las inversiones más que del aumento de la demanda interna o la sustitución de importaciones.

Y cuando varios problemas que en su momento fueron dejados para más adelante obligan hoy al gobierno a actuar a medida que van reapareciendo, con un orden de prioridades dictado por las circunstancias. El conflicto con Brasil por la importación de electrodomésticos, por ejemplo, dejó en claro que la estrategia fue golpear para negociar.

Con fórceps, el Gobierno logró que los fabricantes brasileños de cocinas y heladeras limitaran sus exportaciones a niveles similares a los del año último, como una manera de lograr que los industriales argentinos se beneficiaran con la recuperación que en los últimos meses ha venido mostrando el mercado nacional. Contó para ello con la disposición del gobierno de Lula, que esta vez privilegió la alianza con la Argentina en el Mercosur a los reclamos sectoriales.

Pero detrás de esa evidencia hay algunas cuestiones que no están a la vista. Una de ellas es que las aparentes desventajas brasileñas no son tales: todas las heladeras que se fabrican en la Argentina están equipadas con compresores brasileños (que representan entre el 50 y el 60% del valor), que hace años dejaron de fabricarse aquí. Otra es que las importaciones de productos terminados se desequilibraron violentamente cuando la empresa Whirlpool decidió hace dos años levantar su fábrica en San Luis, espantada por la crisis argentina, para concentrarse en Brasil. El gobierno de Kirchner está interesado en que esa multinacional revea su decisión y no faltan quienes sostienen que las últimas restricciones habrían apuntado en esa dirección.

Sin embargo, en la relación comercial con Brasil hay un problema de fondo no resuelto: la crónica resistencia brasileña a coordinar políticas macroeconómicas y también de incentivos fiscales a la industria, que en muchos casos no dependen del gobierno federal, sino de los propios estados brasileños.

Si en Brasil se llegara a disparar el dólar, cualquier acuerdo queda sin red. La cuestión debería formar parte de la agenda del encuentro que antes de fin de mes sostendrán el ministro Roberto Lavagna con sus colegas brasileños Antonio Palocci y Luis Furlan, pero nadie apuesta a que esta vez se pueda avanzar en esta materia. En el Palacio de Hacienda tampoco hay certeza sobre si los fabricantes locales están en condiciones de abastecer la mayor demanda, ya que no hay datos confiables sobre el uso de la capacidad instalada. Debido a esa carencia de información, no se sabe qué ocurrirá con los precios de los electrodomésticos, que el Gobierno se dedicará a vigilar de ahora en adelante, ya que las negociaciones por los cupos no incluyeron compromisos de inversión.

La inversión en debate

De todos modos, la perspectiva de nuevas inversiones para sostener el crecimiento económico no depende tanto de políticas sectoriales, cuanto de definiciones que aún no están disponibles. En lo único que hay consenso es que sin un clima político favorable y reglas económicas más claras, únicamente seguirán invirtiendo quienes tienen por delante negocios asegurados en el corto plazo, pero no quienes deben arriesgar capital en mediano y largo plazo.

Cada vez que se plantean estos interrogantes, el Gobierno prefiere mostrar la impactante fotografía de la reactivación: el PBI ya supera el de 2001, se crearon un millón de puestos de trabajo y la inversión bruta creció el 50% en relación con el año último, aunque desde bajísimos niveles. Pero entre economistas de distintas corrientes ha comenzado a debatirse cómo seguirá la película, ahora que muchos sectores industriales trabajan cerca del máximo de su capacidad. Carlos Melconian advierte que hasta fin de 2003 la recuperación de la inversión se basó "más en ladrillos [construcción] que en fierros" (maquinarias).

Miguel Angel Broda también subraya la necesidad de diferenciar cantidad de calidad y añade que para asegurar un crecimiento sustentable, la inversión bruta debería saltar del actual 16,4% del PBI al 22 o 23%. Los economistas Pablo Gerchunoff y Horacio Aguirre, en un trabajo que acaban de realizar para la Fundación Pent, profundizan la cuestión: el desafío es activar la inversión que hoy no se realiza -sostienen-, o sea, la que insume un monto muy significativo de capital.

Y recomiendan orientarla a actividades exportadoras que se basen en las ventajas competitivas de la Argentina en materia de recursos naturales y humanos, sin descartar alguna forma de subsidio. Otra condición necesaria para avanzar en este debate es que la Argentina pueda salir cuanto antes del default. Y aquí han vuelto a surgir interrogantes debido a la impasse en que entraron las negociaciones con el FMI en medio de las presiones de algunos países del G7 para que se destrabe el ajuste de tarifas de servicios públicos y del comité global de acreedores para que la Argentina mejore su oferta, incluido un pago en efectivo.

El Palacio de Hacienda ha vuelto a activar la línea directa con el Departamento del Tesoro de los EE.UU. para evitar que la revisión del acuerdo se traslade a septiembre, ya que ello colocaría al Gobierno ante el problema de iniciar el road show por el canje de la deuda sin tener asegurado el acuerdo del FMI. También acaba de llamar a una nueva licitación para contratar la auditoría del Banco Nación, después de haberla declarado desierta. Si la negociación no se destraba y se demoran los desembolsos del organismo, la única ventaja es que el Banco Central deberá emitir y absorber menos pesos para sostener el tipo de cambio. Pero parece un consuelo muy escaso frente al problema de un nuevo conflicto con el Fondo, justo cuando la atención del Gobierno está centrada en las urgencias de un frente interno donde la violencia callejera de grupos políticos radicalizados amenaza con convertirse en parte del paisaje habitual de un país perplejo.

Por Néstor O. Scibona
Para la redacción de LA NACION